El 30 de noviembre continuará el proceso por chuzadas

Después de 10 minutos de debate, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia les otorgó 15 días de plazo a los defensores de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el ex secretario general de Presidencia Bernardo Moreno, acusados por el proceso de las chuzadas, para que revisen las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Igualmente, el alto tribunal les dio 30 días hábiles para que las analicen el material probatorio divido en testimonios y documentos para que preparen su defensa técnica en las audiencias preparatorias quese retomarán el próximo 30 de noviembre.

Con esta decisión, la Sala Penal conformada, en este caso por dos magistrados y siete conjueces, rechazó la solicitud presentada por el abogado Jaime Granados, defensor de los intereses del exfuncionario presidencial, quien había pedido 180 días, es decir seis meses, para que lo dejarán revisar en su totalidad el aservo probatorio presentado en la tarde de este jueves por la fiscal general, Viviane Morales. 

En su argumentación Granados manifestó que "la complejidad del proceso y la cantidad de pruebas documentales y testimoniales justifican este tiempo para que se realice el debido análisis", señaló el abogado manifestando que era "proporcional" puesto que la Fiscalía tuvo dos años para recolectar todas las pruebas presentadas ante la Corte Suprema. 

El abogado aclaró que en el material probatorio de la Fiscalía se encuentran los testimonios de 92 investigadores y 16 peritos del CTI que participaron en la investigación, así como la existencia de 16 discos duros y 78 discos compactos, “los cuales deben ser analizados con detenimiento para preparar nuestra defensa en las audiencias preparatorias”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le señaló que este tiempo “supera de manera ostensible los plazos legales”, aclarando que pese a que entienden la argumentación del abogado “se tiene que pensar en la agilidad del proceso”, el cual ya se ha visto interrumpido en diferentes oportunidades por las recusaciones y nulidades interpuestas por Granados.

Igualmente la solicitud fue rechazada por los abogados de las víctimas al señalar que son maniobras dilatorias por parte del defensor del exfuncionario presidencial.